El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela respondió este martes a la Nota Diplomática recibida, en la misma fecha, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, considerando que la misma constituye, en efecto, “una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos, así como de la comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales”.
En este sentido, en la respuesta enviada a la Cancillería de la nación centroamericana, el Gobierno venezolano menciona, en primer lugar, la violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, quienes han sido privados de libertad de forma arbitraria, recluidos sin orden judicial ni juicio previo en un centro de confinamiento de máxima seguridad, sometidos a condiciones degradantes e inhumanas, sin posibilidad de contacto con familiares ni representación legal, y lo más importante, convirtiéndolos en víctimas del gravísimo delito de trata humana.
Como segunda acción delictiva, refiere la criminalización colectiva y xenofobia institucional, al atribuirse sin pruebas individuales la vinculación de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales, ya desmanteladas en Venezuela, en tanto, en tercer lugar, ubica la negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia, al no garantizarse la información sobre los cargos imputados, ni acceso a la asistencia jurídica, ni comparecencia ante tribunales competentes, en violación directa de las garantías mínimas reconocidas por el derecho internacional general, transformándolos de manera automática en víctimas de desaparición forzada.
El cuarto punto es la propuesta de canje ilegal y moralmente inadmisible del Gobierno salvadoreño, al pretender condicionar la liberación de personas inocentes a un “intercambio” por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético.
En quinto lugar está el secuestro y traslado forzoso a un tercer país sin orden judicial ni proceso legal, ejecutado por autoridades de Estados Unidos de América, quienes deportaron arbitrariamente a estos ciudadanos venezolanos al territorio salvadoreño.
Frente a esta situación, el Gobierno Bolivariano de Venezuela exige la liberación inmediata e incondicional de los 252 ciudadanos venezolanos detenidos arbitrariamente en territorio salvadoreño y responsabiliza al Estado salvadoreño por cualquier afectación a su integridad física y psicológica.
Asimismo, exhorta al Gobierno de El Salvador a dar respuesta inmediata, veraz y completa, al cuestionario elaborado por el Ministerio Público venezolano, el cual contiene requerimientos fundamentales para la investigación en curso.
Publicado en mppre.gob.ve.
